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Madrid, 5 de julio de 2026. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, como investigados en el denominado caso Leire. La decisión, conocida el 2 de julio y con impacto político durante el fin de semana, se adopta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.
La citación se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera investigar a ambos altos cargos por las presuntas maniobras atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez en relación con la Unidad Central Operativa. Según la información publicada por RTVE, Pedraz considera que los hechos podrían encajar, de forma provisional y pendiente de instrucción, en una actuación arbitraria contra el interés público vinculada a expedientes sobre mandos de la UCO.
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Claves del caso Leire en la Guardia Civil
- Mercedes González y Manuel Llamas están citados como investigados el 16 de julio en la Audiencia Nacional.
- La investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.
- La causa examina supuestas maniobras de Leire Díez para promover pesquisas sobre la UCO.
- Interior y Moncloa mantienen su respaldo a los dos altos cargos y defienden la colaboración con la justicia.
Qué ha decidido Pedraz
La respuesta directa es que Pedraz ha llamado a declarar a González y Llamas como investigados, no como testigos. La diferencia es relevante: deberán comparecer asistidos por defensa y con los derechos procesales propios de esa condición. La citación no implica condena ni determina culpabilidad, pero eleva el alcance judicial de una causa que ya tenía una dimensión política considerable.
La crónica de EFE recoge que el juez adoptó la decisión tras la petición de Anticorrupción y después de declaraciones testificales de mandos de la Guardia Civil. Entre los elementos bajo examen figuran supuestas indicaciones para no ser proactivos en investigaciones con afectación política y la posible apertura de una información reservada sobre filtraciones atribuidas a la UCO.
El auto también mantiene fuera, por ahora, la citación como investigado del anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Según la información difundida por EFE, el magistrado considera que, sin perjuicio de nuevas diligencias, la conducta descrita respecto a él no integra por sí misma un tipo penal en este momento de la instrucción.
Quiénes son los investigados
Mercedes González es la directora general de la Guardia Civil. Manuel Llamas es el director adjunto operativo, una de las posiciones de mayor peso interno en la estructura del instituto armado. Su citación coloca el foco judicial sobre la cúpula del cuerpo en un momento en el que la UCO ha intervenido en investigaciones de alto impacto político.
La causa se vincula a Leire Díez, exmilitante socialista, investigada por presuntas actuaciones orientadas a obtener información o promover iniciativas contra agentes de la UCO. De acuerdo con las informaciones publicadas, la investigación examina reuniones, mensajes y testimonios sobre el supuesto intento de influir en pesquisas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE.
González ha negado haber participado en una trama contra la UCO. En su comparecencia en el Senado del 16 de junio sostuvo que jamás intervino contra la unidad ni contra agentes del cuerpo por influencia de Díez. Ese desmentido será ahora contrastado en sede judicial con los indicios reunidos por el instructor.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno mantiene la confianza en los dos altos cargos. Interior ha trasladado que seguirán ejerciendo sus funciones y que colaborarán con la justicia en todo lo que se les requiera. Moncloa, por su parte, ha defendido un mensaje de normalidad y transparencia mientras la investigación sigue abierta.
La decisión judicial llega en un contexto de tensión parlamentaria para Pedro Sánchez. La reciente comparecencia de Sánchez y la presión de Junts ya había situado la continuidad de la legislatura bajo presión, y la advertencia de Pradales sobre la legislatura añadió otra señal de exigencia desde uno de los socios habituales del Ejecutivo. La citación de González y Llamas suma ahora un frente judicial que la oposición previsiblemente utilizará en las próximas sesiones de control.
Por qué tiene impacto político
El caso afecta a una institución clave del Estado y a una unidad, la UCO, que ha tenido un papel central en causas de corrupción y en investigaciones sensibles. Por eso el debate no se limita a la situación procesal de dos altos cargos, sino que alcanza a la confianza institucional, la autonomía de los investigadores y la responsabilidad política del Ministerio del Interior.
Para la oposición, la citación permite insistir en la idea de desgaste del Gobierno y en la necesidad de explicaciones parlamentarias. Para el Ejecutivo, el objetivo será separar la instrucción judicial de la continuidad administrativa de la Guardia Civil y sostener que no hay decisiones políticas acreditadas para frenar investigaciones.
El calendario tampoco ayuda a rebajar la tensión. La declaración del 16 de julio coincide con semanas decisivas para el calendario de los Presupuestos de 2027, mientras el Congreso arrastra debates sobre control al Ejecutivo y calidad institucional, como la reforma de las sesiones de control al Gobierno. Cada votación y cada comparecencia pueden convertirse en una lectura sobre la resistencia política del Gobierno.
Qué puede ocurrir ahora
El siguiente hito será la declaración de Mercedes González y Manuel Llamas ante Pedraz el 16 de julio. A partir de ahí, el juez podrá mantener la investigación, acordar nuevas diligencias, tomar declaración a otros implicados o revisar el alcance de las imputaciones en función de las respuestas y de la documentación incorporada a la causa.
La clave jurídica está en determinar si hubo decisiones administrativas arbitrarias o actuaciones destinadas a obstaculizar investigaciones. La clave política está en saber si el Gobierno puede sostener a los cargos investigados sin aumentar el coste parlamentario. De momento, la causa entra en una fase más concreta y con fecha marcada en la Audiencia Nacional.
