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El choque político entre el PSOE y el PP por la respuesta española a los aranceles de la Administración Trump ha desembocado en una nueva polémica regional. La secretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamó este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que inste a sus diputados en el Congreso a respaldar el real decreto‑ley aprobado por el Gobierno central, orientado a “proteger el tejido productivo” ante las tasas impuestas por Washington.
El decreto, con un presupuesto de más de 14.000 millones de euros, incluye líneas de avales, bonificaciones fiscales y ayudas directas a sectores tan diversos como el agrario, el industrial y el energético. Montero subrayó que estas medidas son “de Estado” y apeló al “sentido de responsabilidad” de los parlamentarios populares andaluces para convertir la emergencia comercial en un “objetivo compartido”
Por su parte, el PP condiciona su apoyo a un “cambio de rumbo” en el paquete de medidas. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, denunció que el Gobierno ha hecho caso omiso a las propuestas populares, que contemplan desde la eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica hasta la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares.
Sin embargo, esas reclamaciones, ligadas al lobby energético, no forman parte del decreto diseñado para una respuesta rápida y focalizada contra los aranceles estadounidenses.
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El alcance político sobre esta medida
La tensión llega en un contexto de dificultades para la economía andaluza. El campo, uno de los sectores más afectados por la subida de tasas en la importación de frutas y hortalizas, ha exigido auxilio urgente. En Andalucía, las organizaciones agrarias han alertado de pérdidas que podrían superar los 200 millones de euros si la situación se prolonga sin ayudas eficaces. El PSOE destaca que el real decreto dedica partidas específicas para garantizar la liquidez de cooperativas y explotaciones familiares, clave para una comunidad donde el agro representa cerca del 15 % del PIB regional.
Montero también criticó a Moreno por ausentarse esta semana del Consejo de Gobierno andaluz para acudir al congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, justo cuando la Junta retomaba la gestión tras el reciente apagón eléctrico. A su juicio, “no es comprensible” esa prioridad política cuando “los andaluces necesitan respuestas inmediatas”.
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Imagen: SER
La exigencia de Montero es legítima: ante un desafío externo —los aranceles de Trump— las fuerzas políticas deberían mostrar cohesión en las Cortes. El decreto del Gobierno ofrece un paraguas financiero amplio y técnicamente ajustado para los sectores más vulnerables. Bloquearlo por intereses de lobby o por tácticas de negociación partidista debilita la posición de España en la UE y erosiona la credibilidad de los representantes andaluces ante sus electores.
Desde una perspectiva de Estado, imponer condiciones que exceden el objetivo de urgencia —como reabrir el debate nuclear— diluye la eficacia de la medida y retrasa la llegada de los fondos. El PP andaluz, si realmente quiere defender a sus agricultores y empresas, haría bien en priorizar el interés general sobre el tacticismo político. Votar a favor no implica renuncia ideológica, sino reconocimiento de la gravedad de la crisis y del carácter temporal y extraordinario de las ayudas.
Conclusiones
El voto de los diputados andaluces del PP puede convertirse en la llave que desbloquee 14.000 millones de euros para mitigar el impacto de los aranceles de Trump. Montero ha tendido la mano al diálogo responsable; ahora corresponde a Moreno decidir si antepone el bienestar de Andalucía o la estrategia de confrontación. En un momento en que la economía regional necesita estabilidad, secundar el decreto sería un gesto de responsabilidad que iría más allá del color político.
