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La oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha desatado un intenso debate político, económico y social en España. Más allá de los argumentos estrictamente financieros, la operación pone de relieve las carencias de la regulación bancaria y la pasividad del Gobierno de España para proteger el interés general frente a la creciente concentración del sector financiero.
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¿Qué se esconde detrás de la operación?
BBVA anunció a finales de abril una oferta de compra por la totalidad de las acciones de Banco Sabadell que aún no controla, valorada en aproximadamente 8.000 millones de euros. La entidad presidida por Carlos Torres Vila argumenta sin embargo que la OPA permitirá generar sinergias de coste por unos 400 millones anuales y reforzar la competitividad global del grupo. No obstante, el plan estratégico adolece de una visión sesgada: prioriza el beneficio de los grandes accionistas y los directivos de ambas entidades, mientras obvia el impacto que la fusión tendrá sobre la economía real, el empleo y la inclusión financiera en las zonas rurales.
El impacto que no quieren que veas
La fusión de dos de los principales bancos españoles amenaza con elevar el nivel de concentración del sistema hasta cotas inéditas. Según los datos del Banco de España, BBVA y Sabadell ya acaparan juntos más del 20% de los activos totales del sector. Con la OPA, ese porcentaje crecería aún más, reduciendo la competencia y facilitando la imposición de comisiones más elevadas a los clientes. La reducción de oficinas y plantillas prevista en el plan de integración —hasta 5.000 empleos destruidos y el cierre de 1.200 sucursales— agravará la exclusión financiera en áreas despobladas, donde la presencia bancaria ya es escasa.
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El silencio del Gobierno
En este contexto, el papel del Gobierno de España resulta, cuando menos, cuestionable. A pesar de las alertas de organizaciones de consumidores, economistas y fuerzas políticas de la oposición, el Ejecutivo ha permanecido sorprendentemente silencioso. No solo ha dejado pasar el plazo para imponer condiciones más estrictas a la OPA, sino que ha eludido cualquier propuesta de reforma normativa que limite el poder de mercado de los grandes bancos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se limitó a calificar la operación como “muy mala noticia”, sin acompañar sus declaraciones de medidas concretas. Mientras tanto, los ministerios competentes no han presentado ni un solo informe público que analice el impacto social de la fusión.
La pasividad gubernamental contrasta con el celo mostrado en otros ámbitos regulatorios. En los últimos meses, el Ejecutivo ha promulgado leyes de amplio calado en materia laboral o medioambiental, demostrando que cuando hay voluntad política, las reformas son posibles. Sin embargo, en el sector financiero, donde reside uno de los grandes poderes económicos del país, la misma voluntad brilla por su ausencia. Esta doble vara de medir alimenta la percepción de un gobierno más proclive a defender los intereses de las grandes corporaciones que los derechos de los ciudadanos.
La Unión Europea impone límites a la concentración bancaria y exige a los estados miembros asegurar la competencia efectiva. A día de hoy, no consta que el Gobierno español haya elevado a Bruselas ninguna objeción formal. La falta de un posicionamiento firme socava la credibilidad de España como defensor de una economía justa y competitiva. Además, priva a los reguladores nacionales de la oportunidad de negociar contrapartidas que limiten el cierre de oficinas rurales o garanticen un servicio básico en las zonas más desfavorecidas.
La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell es, por tanto, mucho más que una operación financiera: es un termómetro de la calidad democrática y de la capacidad del Estado para velar por el interés general. La concentración bancaria amenaza servicios esenciales, empleo y derechos de los consumidores. El Gobierno de España debe abandonar su postura pasiva y adoptar medidas inmediatas: imponer condiciones a la fusión, reformar la normativa de competencia y garantizar la protección de las zonas despobladas. De lo contrario, quedará claro que, en la balanza de poder económico, los ciudadanos pesan mucho menos que los grandes bancos.
