La justicia avala las reformas en el piso del novio de Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid elige no recurrir

El pasado 7 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid dictaminó que las obras realizadas en el piso de Chamberí de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ajustan a la legalidad autonómica del suelo. Pese a que el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida había considerado inicialmente esas mismas reformas ilegales, finalmente renunció a impugnar la sentencia, una actitud poco habitual en materia urbanística municipal

A grandes rasgos, la controversia giraba en torno al uso de una “segunda declaración responsable” para justificar la redistribución de habitaciones, la instalación de nuevas conducciones eléctricas y de fontanería, así como cambios en la fachada interiores que, según el Ayuntamiento, sí requerían licencia. La jueza Leticia Francisco Blanco concluyó que la legislación autonómica permite esas ampliaciones mediante declaración responsable y que el Consistorio incurrió en un error al ignorar la presentada por Amador

¿Qué revela este caso más allá del trámite legal?

En primer lugar, evidencia la creciente dificultad de las administraciones locales para mantener un criterio riguroso y coherente en materia urbanística cuando se enfrentan a personas vinculadas políticamente. La Fiscalía ya investiga a González Amador por presunto fraude fiscal y falsedad documental en sus negocios con el grupo Quirón, lo que añade un matiz de sospecha sobre posibles favores institucionales que van más allá de la simple interpretación de la normativa

En segundo lugar, la decisión de no recurrir por parte del Ayuntamiento madrileño alimenta la percepción de doble rasero: mientras que en otros expedientes urbanísticos adversos el Consistorio sí suele agotar todas las vías de impugnación, en este caso ha preferido dejar la resolución firme. Hay aquí, a mi juicio, un problema de transparencia y de igualdad ante la ley que socava la confianza ciudadana. Si la gestión pública se ve condicionada por la relación personal de una figura política, se abre la puerta a un descrédito generalizado de las instituciones.

Vidal-Quadras asegura ante el juez que Irán está detrás del atentado que sufrió

El coste político de la imagen

Más allá de lo estrictamente jurídico, el episodio impacta negativamente en la reputación de Isabel Díaz Ayuso. Su defensa encendida de la legalidad de las actuaciones de su pareja—que llega a tildar de “persecución política” cualquier reproche—podría interpretarse como un intento de mezclar lo personal con lo institucional. En un momento en el que la transparencia y la rendición de cuentas son demandas ciudadanas constantes, la presidenta corre el riesgo de aparecer más preocupada por blindar a su entorno cercano que por garantizar procedimientos limpios e imparciales.

Hacia un debate serio sobre la rendición de cuentas

Es imprescindible distinguir la presunción de inocencia de Alberto González Amador de la conveniencia política de que, tanto el Gobierno regional como el municipal, actúen con la máxima claridad. La ley puede contemplar las reformas por declaración responsable, pero la política no solo se ejerce con normas: se sostiene con credibilidad. La renuncia a recurrir, en mi opinión, es un error estratégico que deja un sabor de impunidad.

Para restablecer la confianza, Ayuso y Almeida deberían promover una revisión de los procedimientos de autorizaciones urbanísticas, crear un mecanismo de supervisión independiente y, sobre todo, desvincular cualquier actuación administrativa de intereses personales o familiares. Solo así se podrá demostrar que la igualdad ante la ley no es un eslogan, sino un principio efectivo.